Junio 22 / 17 - Escrito por pazdesdelabase
El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz
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El acuerdo agrario firmado en La Habana propone crear un fondo para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. El problema es que el Estado ni siquiera sabe cuántos baldíos tiene y tampoco ha recuperado las tierras usurpadas a las víctimas del conflicto armado.

 

Tomado de VerdadAbierta.com El año pasado, el gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron el acuerdo sobre el asunto agrario, el primero de seis temas que contiene la agenda que se discute en La Habana. Allí, el gobierno se comprometió a crear el Fondo de Tierras para la Paz, a través del cual desarrollará una reforma agraria integral que, se supone, garantizará el acceso a tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente así como a las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado.

Según el acuerdo, rubricado el 26 de mayo de 2014, el Fondo se nutrirá con baldíos que fueron apropiados de forma ilegal o irregular, con predios inexplotados económicamente y terrenos que aunque están en zonas de reserva forestal tienen vocación agrícola. El problema es que el gobierno no sabe cuántos baldíos tiene, algunos fondos del Estado carecen de información, otros administran bienes que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas del conflicto, y otros más están embolatados por procesos administrativos o judiciales.

Si tales situaciones no se revierten, habrá muchas dificultades para cumplir con la Reforma de Agraria Integral, que, según se acordó, “pretende lograr la integración de las regiones, la erradicación de la pobreza, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria”.

VerdadAbierta.com solicitó información al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), al Fondo de Reparación de la Unidad de Víctimas, al Fondo de Tierras de la Unidad de Restitución y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para saber sobre la disponibilidad de tierras para constituir el Fondo. El resultado no es el mejor: los datos están dispersos e incompletos. Así las cosas, de momento, el Estado solo tiene un millón de hectáreas para cumplir con el compromiso adquirido en La Habana.

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) nació en 1961 para adelantar las reformas rurales que impulsó el presidente Carlos Lleras Restrepo. Para entonces, se reconoció la necesidad de entregarle tierra a los campesinos que no la tenían, pues era el mediano y pequeño campesino el que, sin ser propietario de un terruño, estaba sosteniendo la producción agrícola del país.

En 2003, el Incora pasó a llamarse Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Su tarea es evitar la concentración y acumulación de predios, y dotar de tierra a los sectores menos favorecidos del campo. Será esta entidad la que ponga en marcha, en gran medida, el acuerdo agrario logrado en La Habana.

El Incoder otorga subsidios a los campesinos para que accedan a fincas y cuenta con varios fondos sobre los que no tiene información completa. La Dirección Técnica de Baldíos, por ejemplo, se encarga de administrar las tierras de la Nación, aquellas que deben ser prioridad para asignárselas a las comunidades campesinas, así como a indígenas y afrocolombianos. Pese a que en julio de 2014 la Corte Constitucional le ordenó al Incoder realizar un censo de baldíos, la institución reconoce que todavía no lo tiene. Su justificación es que titula baldíos en la medida en que los interesados, que cumplan con los requisitos de la reforma agraria, presenten una solicitud de adjudicación.

Esto último explica por qué en municipios como Restrepo y Fuente de Oro, en el departamento del Meta, o en Yopal y Aguazul, en Casanare, las hectáreas de origen baldío tituladas superan el área municipal, advierte la Contraloría en un informe sobre acumulación irregular de baldíos en la Altillanura publicado en 2012.

Aunque el Incoder asegura que su propósito es recuperar un millón de hectáreas, no señala de forma clara cuáles son, quiénes las usurparon, ni en cuanto tiempo y cómo lo hará. A finales de 2014 aseguró que trabajaba en la recuperación de 378 mil hectáreas en 518 casos en Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín, en Meta, pero a la fecha no ha avanzado.

Por medio de resoluciones, esta institución puede ordenar la recuperación de baldíos, pero a excepción del caso de Jiguamiandó y Curvaradó en el bajo Atrato Chocoano donde hubo una apropiación ilegal de territorios colectivos que fueron tapizados con palma, es poco lo que el Incoder ha avanzado en estos trámites.

Otra es la demora de la justicia ordinaria en resolver las llamadas demandas de nulidad que presenta el Incoder. Esta figura permite solicitarle a un juez la cancelación de los títulos de propiedad que tienen varias empresas porque acumularon tierra de origen baldío. La Contraloría advirtió en un informe de 2012 la existencia de 14 casos en los que particulares y empresarios acumularon 215 mil hectáreas tituladas en procesos de reforma agraria

Pero de estos casos, sólo tres fueron aceptados en los juzgados: las demandas contra el Grupo Empresarial Mónica Colombia SAS, Helm Trust S.A. y la Sociedad Poligrow Colombia. Es decir, los jueces solo estudian 30 mil de las 215 mil hectáreas acumuladas en Meta, Casanare y Vichada.

Aunque el Incoder afirma que adjudica baldíos en la medida en que le llegan solicitudes, las cifras de los dos últimos años ponen en evidencia que ésta no ha sido una prioridad en la política agraria reciente; pues va en caída. En La Habana las partes reconocieron que hay necesidad de dotar con tierras a las comunidades más pobres, pero mientras en 2011 y 2012 el Incoder tituló 898 mil hectáreas baldías a 27 mil familias con esta condición; en 2013 y 2014 sólo fueron 208 mil hectáreas a 12 mil familias. La diferencia es de casi 700 mil hectáreas.

Yamile Salinas Abdala, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), advierte que el Estado no sabe cuántos baldíos tiene, cuáles  ha adjudicado, cuáles y cuántos han cambiado de dueño ni cuáles de estos están en territorios étnicos o sobre zonas con protección ambiental como parques nacionales y reservas forestales. “Además, el despojo de tierras no está penalizado, las demandas de nulidad son lentas y complejas, y la extinción de dominio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y corrupción, pese a las reformas, no avanza”, indica Salinas.

El Fondo Nacional Agrario (FNA) es otra de las ‘bolsas’ que podrían surtir el Fondo de Tierras para la Paz. Nacido también en 1961, en éste reposan aquellos bienes del Estado que no son baldíos, pero que tienen vocación agrícola y pueden ser titulados a comunidades campesinas. En la actualidad, este Fondo tiene 4 mil 800 predios que suman 530 mil hectáreas, la mayoría de ellos en Cesar, Bolívar, Cauca, Sucre y Meta .

Al igual que con el caso de los baldíos, las adjudicaciones de predios del FNA vienen disminuyendo. Mientras en 2011 y 2012 el Incoder entregó 16 mil hectárea a mil 600 familias en distintas zonas del país; en 2013 y 2014 apenas entregó 6 mil 600 a mil 300 familias. Es decir, en los últimos dos años tituló 10 mil hectáreas menos.

La Dirección de Asuntos Étnicos es otra instancia de tierras dentro del Incoder y es la encargada de atender las necesidades territoriales de indígenas y afrodescendientes. Si bien datos oficiales registran que entre 1966 y 2014 se han reconocido formalmente 32 millones de hectáreas a 724 resguardos indígenas y 5 millones de hectáreas a 118 consejos comunitarios de afros, esta entidad no sabe cuánta tierra en la actualidad reclaman estas comunidades.

La institución se justifica  en que para hacer un estudio que permita determinar la cantidad y la calidad de territorios que explotan estas comunidades, y la necesidad de ampliar los resguardos y consejos comunitarios, falta la aprobación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la concertación con las comunidades negras.

Esta es una respuesta que se limita a asuntos administrativos y que explica por qué, por ejemplo, sigue pendiente la reestructuración de 50 resguardos coloniales y no se hayan resuelto errores de titulación étnica en el departamento del Cauca

 

¿Qué otras tierras hay?

La propuesta de La Habana señala que otra posible fuente para crear el Fondo de Tierras para la Paz son los predios rurales en extinción de dominio incautados y que están vinculados a mafias del narcotráfico y la corrupción

Según la Ley 1708 de 2014, o Código de Extinción de Dominio, estos bienes tienen una destinación específica. El artículo 91 advierte que los predios rurales en extinción de dominio “serán destinados a los programas de generación de acceso a tierra administrados por el Gobierno Nacional”.

Estas tierras eran administradas por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), pero la corrupción y la mala gestión llevaron a la liquidación de la entidad.

En octubre de 2014 terminó la liquidación de la DNE y los bienes pasaron a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Esta Sociedad está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y tiene como función administrar los bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Según datos de la SAE, en la actualidad administran 23.874 inmuebles, de los cuales 21.185 están incautados pendientes de definición judicial mientras los otros 2.689 tienen extinción de dominio.

La SAE indica que de esos 23.874 inmuebles solo el 27%, es decir 6.445 inmuebles, son rurales y suman 209 mil hectáreas, distribuidas en todo el país. Es decir, de esta ‘bolsa’ pueden salir 200 mil hectáreas disponibles para alimentar el Fondo de Tierras para la Paz, pero en la práctica hay muchos problemas que impiden el uso de esos bienes.

Ejemplo de ello es que nadie sabe cuáles son los procesos y contra quiénes se adelantan.  Los bienes tienen problemas de identificación, el Estado desconoce sus valores y no hay un inventario depurado

. Además, los bienes no están saneados jurídicamente, en parte, porque se deben impuestos o no se sabe quiénes son los depositarios, es decir, personas o instituciones que tienen bajo su custodia su cuidado.

La SAE tiene antecedentes de malos manejos de bienes de estupefacientes y del Fondo de Víctimas de la Ley 975 de 2005. Así lo advierte, por ejemplo, la sentencia de Justicia y Paz proferida en diciembre de 2010 contra Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, que cuestiona por qué los bienes terminaron administrados por Acción Social y no por la SAE. “Acción social no es una entidad dedicada a la administración de bienes; por eso crearon la ‘Sociedad de Activos Especiales, SAE’, que, a juicio de la Sala, tampoco ha mostrado su capacidad de hacerlo”, afirmaron los magistrados.

Además pocos de los inmuebles que administra la SAE son aptos para reforma agraria o restitución. Otro problema es que los exparamilitares extraditados pusieron a disposición del Tesoro de los Estados Unidos algunos bienes para reducir penas, pero aún no se sabe cuáles son.

El panorama se vuelve más complejo cuando no hay claridad de competencias entre el proceso normal de extinción de dominio y los procesos que lleva la justicia transicional a través de Justicia y Paz, y de la Ley de Restitución de Tierras.

Otra fuente de donde podría nutrirse el Fondo son las tierras abandonadas y despojadas por la guerrilla de las Farc. En 2012, la Unidad de Restitución de Tierras aseguró que esta guerrilla había provocado el abandono y despojo de 600 mil hectáreas en todo el país. Sin embargo, estas tierras reclamadas en restitución ya están comprometidas porque pertenecen a las víctimas del conflicto armado. Para el caso de las tierras de las Farc, que por ahora no son reclamadas, su destinación es la extinción de dominio. Pero sólo hasta finalizar el proceso en La Habana se sabrá si entran o no a fondos de reparación de víctimas.

Una opción para garantizar tierra a campesinos que no la tienen, o cuentan con poca, son las zonas de reserva campesina. Hasta marzo de 2013, en el país había constituidas seis zonas que suman 831 mil hectáreas y estaban en proceso de constitución otras siete, por 753 mil hectáreas. Para esta misma fecha, estaban en solicitud otras diez, que suman 471 mil hectáreas, en Cauca, Valle del Cauca, Arauca y Huila.

Pero implementar esta figura, como ocurre con los consejos comunitarios y resguardos, tampoco es fácil dadas las fallas que hay en la desactualización del catastro, la titulación y la acumulación de baldíos, y la falta de claridad de predios titulados a particulares y empresas. El Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali advierte que sólo en las regiones donde el gobierno proyecta desarrollar las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre), hay 433 resguardos, 25 zonas de reserva campesina y agroalimentarias, además de 20 territorios colectivos afro. Es decir, las tierras pensadas para la agroindustria pertenecen a comunidades o están siendo solicitadas por ellas .

 

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